Crítica con perspectiva en la Ecología Política: la destitución del ministro Óscar Mario Justiniano como imperativo ciudadano

Este noviembre de 2025, la designación de Óscar Mario Justiniano como ministro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) del Estado Plurinacional de Bolivia, provocó una ola de rechazo desde colectivos ambientales, indígenas, académicos y científicos (Vision360).  La razón central: sus vínculos directos con el agronegocio —territorio que históricamente impulsa deforestación, expansión de la frontera agrícola y sobre-explotación de recursos hídricos— lo convierten en un actor de conflicto, justamente al frente de la cartera estatal encargada de regular esos procesos.

Este escenario exige una lectura crítica desde la ecología política, para entender cómo se entrelazan poder político, capital agroindustrial y degradación ecológica. También exige plantear caminos viables de presión ciudadana, científica y legal para exigir su destitución, sosteniendo el argumento con el marco normativo boliviano vigente.

1. Vínculos con el agronegocio y por qué esto viola principios desde un enfoque en la ecología política

• Los colectivos denuncian que Justiniano proviene del sector agroindustrial (fue líder de la Cámara Agropecuaria del Oriente – CAO y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz – FEPSC) lo que, en su diagnóstico, lo coloca del lado de expansión de la frontera agrícola, uso intensivo del agua, desmontes y transgénicos. (LaRegion)
• El agronegocio oriental en Bolivia está identificado con una gran parte de la deforestación reciente, con incendios forestales vinculados a desmontes para cultivos de soya y ganadería extensiva. En ese sentido, la figura del ministro es simbólica: un representante de ese modelo ahora a cargo de la “regulación” ambiental.
• Desde la ecología política, esto representa una captura institucional: la autoridad ambiental no sólo no contrarresta esos procesos, sino que se coloca —o es percibida como colocada— desde el lado productivo del agronegocio, lo que pone en riesgo la independencia regulatoria, la justicia ambiental para comunidades indígenas y campesinas, y la conservación ecosistémica.
• Los movimientos denuncian que su designación puede implicar una fusión de carteras (MMAyA + Ministerio de Desarrollo Productivo), lo cual diluiría aún más la función reguladora del medio ambiente y otorgaría mayor poder al binomio medio ambiente-producción, favoreciendo la primacía productiva sobre la conservación. (ABI)

2. Como sustentamos? En el marco normativo boliviano que sustenta el reclamo de destitución

El reclamo ciudadano/sociedad civil puede apoyarse en varias normas constitucionales y legales relevantes:

Constitución Política del Estado (CPE)

• Artículo 33: “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado…” 
• Artículo 34: “Cualquier persona… está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente…” 
• Artículos 342-347 (Título II, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio)
  
• Art. 342: “Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad…”  
• Art. 343: Derecho a la participación, a ser consultado e informado previamente.  
• Art. 345: Las políticas de gestión ambiental se basarán en la planificación participativa, evaluación de impacto ambiental, control de calidad ambiental, sanción civil/penal/administrativa.  
• Art. 347: Se declara la responsabilidad por daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales.  

Ley de Medio Ambiente N.º 1333 (1992)

• Artículo 1º: objeto de la ley es la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando acciones humanas con relación a la naturaleza.  
• Artículo 3º: El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación.  
• Artículo 7º: funciones del ente rector (antes Secretaría Nacional del Medio Ambiente) incluyen normar, regular y fiscalizar actividades de su competencia (es decir, supervisar que organismos productivos no violen normativas ambientales).  

Relevancia

El alegato central es que el ministro, al provenir del sector que precisamente debería ser regulado (agronegocio, frontera agrícola, desmontes, uso intensivo de agua, transgénicos), representa un conflicto de intereses que vulnera los principios de independencia institucional, de protección del medio ambiente, y de garantía de participación y justicia ambiental contenidos en la CPE y la ley ambiental. Su permanencia pone en riesgo la materialización del derecho a un ambiente sano, la rendición de cuentas sobre daños ambientales, y la participación ciudadana.

3. Argumentos para la destitución

Basados en lo anterior, los argumentos que sustentan por qué debería destituirse al ministro son los siguientes:

1. Incompatibilidad e imparcialidad: Un ministro con vínculos directos al agronegocio (CAO, FEPSC) no puede asegurar un ejercicio regulador independiente frente a ese mismo sector. Esto colisiona con la obligación del Estado de proteger el medio ambiente (Art. 33 CPE) y la función reguladora de la ley 1333.
2. Captura regulatoria y dilución institucional: La posible fusión de carteras (Medio Ambiente + Producción) debilita la autoridad estatal ambiental, contraviene el espíritu del Art. 345 CPE (gestión ambiental con control social, evaluaciones de impacto) y podría menoscabar derechos de comunidades indígenas y del medio ambiente.
3. Riesgo ecológico sistemático: Bolivia enfrenta crisis de deforestación, expansión del agronegocio, degradación de bosques y agua. La presencia de un ministro afín al agronegocio envía una señal contraria al deber del Estado de conservar y proteger (Art. 342 CPE) y puede fomentar la impunidad ante daños ambientales impunes (Art. 347 CPE).
4. Violación del derecho a participación y consulta: Las comunidades y la sociedad civil informaron que no fueron adecuadamente consultadas o informadas ante la designación y posibles fusiones de carteras, vulnerando el Art. 343 CPE.
5. Daños a los compromisos internacionales y al acceso a fondos verdes: Organizaciones alertan que la autonomía y nivel ministerial del ente ambiental son requisitos para financiamiento internacional (fondos verdes, mercados de carbono). Su absorción o debilitamiento compromete esos mecanismos.  

4. Estrategias de presión desde la sociedad civil y la comunidad científica

Para que este reclamo no se quede en pronunciamiento, sino que pueda gestionar efectivamente la destitución o replanteamiento del cargo, se sugieren las siguientes vías operativas:

• Recursos y acciones jurídicas: Presentar recursos de revocatoria ante la Presidencia, Contraloría, Fiscalía o instancias ambientales, amparándose en la CPE y la Ley 1333. Ejemplo: el colectivo Todos Somos Jaguar presentó recurso contra el decreto de designación del ministro por conflicto de intereses.  (Vision360)
• Investigación científica independiente y producción de evidencia: La comunidad científica debe recopilar, sistematizar y difundir datos sobre la deforestación, uso del agua, impactos del agronegocio, desmontes, para sustentar el reclamo desde evidencia ecológica. Esto fortalece campañas, aporta al ‘control social’ que exige la CPE (Art. 345) y legitima ante la opinión pública.
• Alianzas entre pueblos indígenas, comunidades campesinas, ecologistas y académicos: Dado que muchas afectaciones ambientales recaen sobre pueblos indígenas y territorios comunitarios, es clave generar alianzas amplias que demanden transparencia, consulta previa, y políticas de conservación real.
• Movilización ciudadana y comunicación estratégica: Manifestaciones pacíficas, medios de comunicación, redes sociales, infografías, reportajes, para visibilizar el tema, generar presión pública hacia el Gobierno y suscitar debates en los medios.
• Vigilancia y exigencia de transparencia institucional: Pedir que el ministro rinda cuentas sobre sus vínculos empresariales, posibles conflictos de intereses, fauna de fusiones ministeriales, y procesos de licencias ambientales/regulatorias del agronegocio. Esto puede darse a través de solicitudes de información pública, exigencia de informes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, participación en instancias de control.
• Fortalecimiento institucional ambiental: Exigir que el MMAyA mantenga rango ministerial, autonomía, presupuesto adecuado, capacidades técnicas, sistema de evaluación de impacto ambiental fuerte, control de monitoreo de deforestación y agua, cumplimiento de la Ley 1333 y otros marcos normativos.
• Presión internacional: Utilizar convenios internacionales, foros como el Acuerdo de Escazú (del cual Bolivia es parte o tiene compromiso) para denunciar vulneraciones, generar vigilancia externa e implicar que violaciones al marco nacional pueden tener repercusiones en financiamiento internacional.

5. Conclusión

La asignación de Óscar Mario Justiniano al ministerio clave de Medio Ambiente y Agua representa más que un cambio de persona: simboliza una opción política respecto al modelo de desarrollo del país. Si el Estado apuesta por la expansión del agronegocio en lógica extractivista, en detrimento de la conservación, la biodiversidad y los derechos de comunidades, entonces esta designación condensa ese viraje. Si, por el contrario, el Estado quiere cumplir con su mandato constitucional de garantizar un ambiente saludable para presentes y futuras generaciones, entonces la figura del ministro se torna incompatible con ese fin.

Desde una perspectiva de ecología política, la destitución no es solo un cambio personal, sino un acto de relectura del contrato social entre Estado, naturaleza y sociedad civil. La movilización legal, científica, indígena y ciudadana es indispensable para que esa relectura se convierta en realidad normativa y en política pública.

La sociedad civil boliviana, junto con la comunidad científica, tiene en sus manos no solo la denuncia, sino la articulación de un movimiento que transforme este momento en una oportunidad para fortalecer la institucionalidad ambiental, exigir rendición de cuentas y forjar un modelo de desarrollo que respete la integridad de la naturaleza, los derechos humanos y el legado ecológico.

Escrito por CMB

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Con más de 200 años, el árbol de motoyoé sigue en pie y conserva su esplendor en el zoo

Es el más longevo de la ciudad y los visitantes pueden apreciarlo. Hay otras especies que también se conservan. El cupesí del Nacional Florida y el de Los Pozos son algunos de los que resisten el pasar del tiempo y adornan la ciudad

El árbol más longevo de la ciudad se mantiene en pie y conserva su esplendor en el zoológico municipal. Se trata de un motoyoé macho de más de 200 años, característico de zonas tropicales, que los visitantes pueden apreciar. 
Melicoccus lepidopetalus radil es su nombre científico. De acuerdo a los estudios, probablemente empezó a crecer en 1817, un año después de la batalla independentista de El Pari, donde murió  Ignacio Warnes. “Este antiguo árbol ha sido testigo de muchos sucesos, por tal motivo exhortamos a usted a que nos ayude en su cuidado y preservación”, dice un letrero que lo identifica.
De tronco robusto, un poco inclinado y con una frondosa copa, este motoyoé forma parte de los más de 800 ejemplares de  70 especies  que están dentro del zoológico. Su valor histórico y natural quedó certificado en 2015, cuando la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) lo declaró oficialmente el árbol más longevo de Santa Cruz de la Sierra.
De acuerdo con la ABT, cuando se fundó la República de Bolivia en 1825, este árbol ya habría alcanzado unos ocho años de vida. “Ha sido testigo de innumerables acontecimientos. Por ello, le rendimos este reconocimiento”, señalaba la placa instalada en aquel entonces.
El biólogo Huáscar Bustillos hizo un listado de algunos ejemplaros. “Para poder obtener la edad de un árbol se aplica el método de la dendrocronología (conteo de anillos de crecimiento), pero en esta ocasión recalcamos y enfatizamos que no se ha realizado esta metodología científica. Y se ha optado por una aproximación histórica referencial, en base a fotografías de antaño y consulta con historiadores locales”, explica.
También está el cupesí (Prosopis chilensis) del colegio Nacional Florida. Calculan que este ejemplar, que se observa sobre la calle Moldes, es uno de los pocos de la estampa tradicional cruceña que aún continúa firme, bordeando casi los 200 años de existencia. 
Destaca que, sobre su longeva corteza, lleva impreso muchas historias del transcurrir de nuestro pueblo y sus transformaciones. “La fotografía más antigua que se tiene de este árbol, data de 1921 (y se lo ve relativamente añoso) cuando su ubicación estaba en pleno cruce de calle y no significaba ningún estorbo para los transeúntes de a pie o en carretón”, señala Bustillos.
 Respecto a sus características naturales, el cupesí o algarrobo es común en lugares secos y sus frutos en forma de vainas son dulces y con ellas se prepara en la zona del chaco una chicha fermentada, llamada por los chiriguanos iguope-i, que se tomaba en diferentes celebraciones. Además, con las vainas secas y molidas se produce una harina muy nutritiva. 
Otro de estos ejemplares acompaña a los que acuden diariamente al mercado Los Pozos. Está ubicado entre las calles Campero y Suárez Arana. Existe una fotografía referencial de 1960 donde se pueden ver las ramas de este árbol, por lo que se estima que tiene más de 150 años. El cupesí en esta zona fue y sigue siendo referencia del mercado Los Pozos, pues muchos lo toman como punto de encuentro, porque la mayoría conoce de su existencia.
También está el aguaí (Chrysophyllum gonocarpum) del barrio San Luis, con una antigüedad de más de 150 años, que guarda su propia historia. Según los registros a los que accedió Bustillos, a mediados de la década de 1970 el profesor Noel Kempff Mercado designó a la señora Hilda Orías de Vaca Guzmán como una de sus custodias. De aquella época aún se conserva una fotografía en la que el árbol luce imponente, grande y frondoso.
Otro ejemplar de gran antigüedad es el toco (Enterolobium contortisiliquum), ubicado en la avenida Argamosa, en pleno primer anillo. Conocido también como ‘oreja de mono’ o  ‘timboy’, este árbol tiene alrededor de 140 años y formó parte de la vida cotidiana de la Santa Cruz de antaño. 
En sus alrededores, los carretoneros solían hacer pascana, convirtiéndolo en un punto de descanso y encuentro en medio de la ciudad que empezaba a crecer.
Cada 1 de octubre se celebra el Día Nacional del Árbol. En los colegios se realizaron diferentes actividades para promover el cuidado del medioambiente. 

eLdeber

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Naciones indígenas: de la conquista jurídica al olvido político

Leonardo Tamburini, director de ORE, advierte que las grandes victorias históricas de los pueblos indígenas están en riesgo de ser revertidas en un país que, tras haberlos incluido en la Constitución, ahora los margina y divide.

Los pueblos indígenas de tierras bajas conquistaron derechos históricos que transformaron a Bolivia: el reconocimiento de sus territorios, el autogobierno y su inclusión en los cuatro órganos del Estado. Sin embargo, a más de tres décadas de la marcha de 1990 y tras la dura fractura del TIPNIS, esa agenda aparece debilitada, fragmentada y bajo amenaza en el actual escenario político.

“Se conquistaron muchos derechos, pero no se ejercieron plenamente”. Con esa frase, Leonardo Tamburini, director ejecutivo de la Organización de Apoyo Legal y Social (ORE), resume la paradoja que viven los pueblos indígenas, que no tienen una potestad plena sobre sus propias atribuciones que están contempladas en la propia Constitución Política del Estado (CPE) y observa que se trata de una suspicacia político partidaria. “¿Cuál es el temor de cederle esos derechos? (10:37) El temor es el que pierdas poder”, sentencia.

En entrevista con la Hora Pico, recuerda que la marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 fue el punto de inflexión ya que, por primera vez, los pueblos de tierras bajas irrumpieron en el escenario político nacional para exigir el reconocimiento de sus derechos. Aquella movilización abrió la puerta a la titulación de más de 26 millones de hectáreas como territorios indígenas y sentó las bases de un nuevo mapa político-administrativo que, décadas después, desembocaría en la CPE de 2009.

Tamburini subraya que esos avances transformaron el país en dos dimensiones. Primero, en lo territorial: “Antes los indígenas eran invisibles, no se les reconocía ni cultura ni tierra. Hoy tienen territorios reconocidos, la posibilidad de autogobernarse y estructuras políticas propias”. Y segundo, en lo institucional: lograron representación en los cuatro órganos del Estado, desde diputados plurinominales hasta asambleístas departamentales, pasando por magistrados y vocales en el Órgano Electoral.

Pero esa aparente victoria histórica pronto mostró sus límites. El analista recuerda que, tras el conflicto del TIPNIS en 2011, el gobierno optó por una estrategia de división y desgaste de las organizaciones. “Ahí se quebró todo. El poder político bajó una línea dura y no pudieron resistir. Desde entonces, la agenda indígena prácticamente desapareció”, señala. “No tienes el apellido de una obra pública del MAS, como le han puesto, para el vivir bien, lo plurinacional. No tienes la posibilidad de que esos pueblos puedan definir su propio destino de acuerdo a sus usos y costumbres”, acota.

Ese proceso, asegura, coincidió con el relevo generacional: las dirigencias históricas, que habían encabezado las luchas de los 80 y 90, se replegaron o envejecieron, mientras que las nuevas camadas asumieron estilos de liderazgo que no estuvieron a la altura del momento político. Resultado: la fragmentación orgánica, el debilitamiento de la CIDOB y un desvío hacia relaciones directas con gobernaciones o municipios, sin articulación nacional.

A pesar de ello, la agenda indígena sigue teniendo tres pilares fundamentales:

• Conservar y fortalecer sus territorios. Las autonomías indígenas representan un espacio de autogobierno que busca funcionar sin la tutela de los partidos políticos.
• Garantizar condiciones de vida digna. Salud, educación, caminos e infraestructura deben gestionarse desde su propia lógica territorial, no desde municipios lejanos y ajenos a sus realidades.
• Proteger la cultura y el medio ambiente. La cosmovisión indígena mantiene aún áreas de conservación y economías locales que se contraponen al modelo extractivista y a las lógicas capitalistas convencionales.

Sin embargo, Tamburini advierte que estos pilares enfrentan amenazas crecientes. El riesgo más evidente, afirma, viene desde el discurso electoral. Algunos candidatos han planteado la revisión de la propiedad colectiva de la tierra, un núcleo duro de las conquistas sociales de los últimos 30 años. “No se trata solo de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), también está en juego la base de las comunidades campesinas. Si se toca eso, se desmorona todo el pacto social alcanzado tras décadas de lucha”, advierte.

En el actual escenario electoral, donde las campañas han estado dominadas por el racismo, la polarización y la disputa de élites, la causa indígena aparece relegada a un segundo plano. Sin embargo, su peso histórico es innegable: la inclusión del Estado Plurinacional, uno de los mayores cambios políticos de Bolivia en el siglo XXI, nació de aquellas demandas.

Tamburini es categórico: “La gran conquista no fue jurídica, fue política. Los pueblos indígenas lograron que el Estado se reconozca como plurinacional. Pero si esos derechos no se ejercen, si solo quedan escritos en la Constitución, entonces serán un trofeo vacío, un auto guardado en el garaje que nadie maneja”.

Treinta años después de irrumpir en la historia nacional, los pueblos indígenas enfrentan una encrucijada: consolidar sus conquistas o verlas desmoronarse bajo la presión de los partidos y la indiferencia del poder. En tiempos en que las promesas electorales apuntan a revisar incluso la propiedad colectiva, la advertencia es clara: si Bolivia olvida a sus pueblos indígenas, no solo traicionará su historia reciente, sino que pondrá en riesgo la propia esencia del Estado Plurinacional.

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Locutoras: Cecilia Méndez y Cecilia Martínez 

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