Crítica con perspectiva en la Ecología Política: la destitución del ministro Óscar Mario Justiniano como imperativo ciudadano

Este noviembre de 2025, la designación de Óscar Mario Justiniano como ministro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) del Estado Plurinacional de Bolivia, provocó una ola de rechazo desde colectivos ambientales, indígenas, académicos y científicos (Vision360).  La razón central: sus vínculos directos con el agronegocio —territorio que históricamente impulsa deforestación, expansión de la frontera agrícola y sobre-explotación de recursos hídricos— lo convierten en un actor de conflicto, justamente al frente de la cartera estatal encargada de regular esos procesos.

Este escenario exige una lectura crítica desde la ecología política, para entender cómo se entrelazan poder político, capital agroindustrial y degradación ecológica. También exige plantear caminos viables de presión ciudadana, científica y legal para exigir su destitución, sosteniendo el argumento con el marco normativo boliviano vigente.

1. Vínculos con el agronegocio y por qué esto viola principios desde un enfoque en la ecología política

• Los colectivos denuncian que Justiniano proviene del sector agroindustrial (fue líder de la Cámara Agropecuaria del Oriente – CAO y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz – FEPSC) lo que, en su diagnóstico, lo coloca del lado de expansión de la frontera agrícola, uso intensivo del agua, desmontes y transgénicos. (LaRegion)
• El agronegocio oriental en Bolivia está identificado con una gran parte de la deforestación reciente, con incendios forestales vinculados a desmontes para cultivos de soya y ganadería extensiva. En ese sentido, la figura del ministro es simbólica: un representante de ese modelo ahora a cargo de la “regulación” ambiental.
• Desde la ecología política, esto representa una captura institucional: la autoridad ambiental no sólo no contrarresta esos procesos, sino que se coloca —o es percibida como colocada— desde el lado productivo del agronegocio, lo que pone en riesgo la independencia regulatoria, la justicia ambiental para comunidades indígenas y campesinas, y la conservación ecosistémica.
• Los movimientos denuncian que su designación puede implicar una fusión de carteras (MMAyA + Ministerio de Desarrollo Productivo), lo cual diluiría aún más la función reguladora del medio ambiente y otorgaría mayor poder al binomio medio ambiente-producción, favoreciendo la primacía productiva sobre la conservación. (ABI)

2. Como sustentamos? En el marco normativo boliviano que sustenta el reclamo de destitución

El reclamo ciudadano/sociedad civil puede apoyarse en varias normas constitucionales y legales relevantes:

Constitución Política del Estado (CPE)

• Artículo 33: “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado…” 
• Artículo 34: “Cualquier persona… está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente…” 
• Artículos 342-347 (Título II, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio)
  
• Art. 342: “Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad…”  
• Art. 343: Derecho a la participación, a ser consultado e informado previamente.  
• Art. 345: Las políticas de gestión ambiental se basarán en la planificación participativa, evaluación de impacto ambiental, control de calidad ambiental, sanción civil/penal/administrativa.  
• Art. 347: Se declara la responsabilidad por daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales.  

Ley de Medio Ambiente N.º 1333 (1992)

• Artículo 1º: objeto de la ley es la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando acciones humanas con relación a la naturaleza.  
• Artículo 3º: El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación.  
• Artículo 7º: funciones del ente rector (antes Secretaría Nacional del Medio Ambiente) incluyen normar, regular y fiscalizar actividades de su competencia (es decir, supervisar que organismos productivos no violen normativas ambientales).  

Relevancia

El alegato central es que el ministro, al provenir del sector que precisamente debería ser regulado (agronegocio, frontera agrícola, desmontes, uso intensivo de agua, transgénicos), representa un conflicto de intereses que vulnera los principios de independencia institucional, de protección del medio ambiente, y de garantía de participación y justicia ambiental contenidos en la CPE y la ley ambiental. Su permanencia pone en riesgo la materialización del derecho a un ambiente sano, la rendición de cuentas sobre daños ambientales, y la participación ciudadana.

3. Argumentos para la destitución

Basados en lo anterior, los argumentos que sustentan por qué debería destituirse al ministro son los siguientes:

1. Incompatibilidad e imparcialidad: Un ministro con vínculos directos al agronegocio (CAO, FEPSC) no puede asegurar un ejercicio regulador independiente frente a ese mismo sector. Esto colisiona con la obligación del Estado de proteger el medio ambiente (Art. 33 CPE) y la función reguladora de la ley 1333.
2. Captura regulatoria y dilución institucional: La posible fusión de carteras (Medio Ambiente + Producción) debilita la autoridad estatal ambiental, contraviene el espíritu del Art. 345 CPE (gestión ambiental con control social, evaluaciones de impacto) y podría menoscabar derechos de comunidades indígenas y del medio ambiente.
3. Riesgo ecológico sistemático: Bolivia enfrenta crisis de deforestación, expansión del agronegocio, degradación de bosques y agua. La presencia de un ministro afín al agronegocio envía una señal contraria al deber del Estado de conservar y proteger (Art. 342 CPE) y puede fomentar la impunidad ante daños ambientales impunes (Art. 347 CPE).
4. Violación del derecho a participación y consulta: Las comunidades y la sociedad civil informaron que no fueron adecuadamente consultadas o informadas ante la designación y posibles fusiones de carteras, vulnerando el Art. 343 CPE.
5. Daños a los compromisos internacionales y al acceso a fondos verdes: Organizaciones alertan que la autonomía y nivel ministerial del ente ambiental son requisitos para financiamiento internacional (fondos verdes, mercados de carbono). Su absorción o debilitamiento compromete esos mecanismos.  

4. Estrategias de presión desde la sociedad civil y la comunidad científica

Para que este reclamo no se quede en pronunciamiento, sino que pueda gestionar efectivamente la destitución o replanteamiento del cargo, se sugieren las siguientes vías operativas:

• Recursos y acciones jurídicas: Presentar recursos de revocatoria ante la Presidencia, Contraloría, Fiscalía o instancias ambientales, amparándose en la CPE y la Ley 1333. Ejemplo: el colectivo Todos Somos Jaguar presentó recurso contra el decreto de designación del ministro por conflicto de intereses.  (Vision360)
• Investigación científica independiente y producción de evidencia: La comunidad científica debe recopilar, sistematizar y difundir datos sobre la deforestación, uso del agua, impactos del agronegocio, desmontes, para sustentar el reclamo desde evidencia ecológica. Esto fortalece campañas, aporta al ‘control social’ que exige la CPE (Art. 345) y legitima ante la opinión pública.
• Alianzas entre pueblos indígenas, comunidades campesinas, ecologistas y académicos: Dado que muchas afectaciones ambientales recaen sobre pueblos indígenas y territorios comunitarios, es clave generar alianzas amplias que demanden transparencia, consulta previa, y políticas de conservación real.
• Movilización ciudadana y comunicación estratégica: Manifestaciones pacíficas, medios de comunicación, redes sociales, infografías, reportajes, para visibilizar el tema, generar presión pública hacia el Gobierno y suscitar debates en los medios.
• Vigilancia y exigencia de transparencia institucional: Pedir que el ministro rinda cuentas sobre sus vínculos empresariales, posibles conflictos de intereses, fauna de fusiones ministeriales, y procesos de licencias ambientales/regulatorias del agronegocio. Esto puede darse a través de solicitudes de información pública, exigencia de informes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, participación en instancias de control.
• Fortalecimiento institucional ambiental: Exigir que el MMAyA mantenga rango ministerial, autonomía, presupuesto adecuado, capacidades técnicas, sistema de evaluación de impacto ambiental fuerte, control de monitoreo de deforestación y agua, cumplimiento de la Ley 1333 y otros marcos normativos.
• Presión internacional: Utilizar convenios internacionales, foros como el Acuerdo de Escazú (del cual Bolivia es parte o tiene compromiso) para denunciar vulneraciones, generar vigilancia externa e implicar que violaciones al marco nacional pueden tener repercusiones en financiamiento internacional.

5. Conclusión

La asignación de Óscar Mario Justiniano al ministerio clave de Medio Ambiente y Agua representa más que un cambio de persona: simboliza una opción política respecto al modelo de desarrollo del país. Si el Estado apuesta por la expansión del agronegocio en lógica extractivista, en detrimento de la conservación, la biodiversidad y los derechos de comunidades, entonces esta designación condensa ese viraje. Si, por el contrario, el Estado quiere cumplir con su mandato constitucional de garantizar un ambiente saludable para presentes y futuras generaciones, entonces la figura del ministro se torna incompatible con ese fin.

Desde una perspectiva de ecología política, la destitución no es solo un cambio personal, sino un acto de relectura del contrato social entre Estado, naturaleza y sociedad civil. La movilización legal, científica, indígena y ciudadana es indispensable para que esa relectura se convierta en realidad normativa y en política pública.

La sociedad civil boliviana, junto con la comunidad científica, tiene en sus manos no solo la denuncia, sino la articulación de un movimiento que transforme este momento en una oportunidad para fortalecer la institucionalidad ambiental, exigir rendición de cuentas y forjar un modelo de desarrollo que respete la integridad de la naturaleza, los derechos humanos y el legado ecológico.

Escrito por CMB

Para tener mas información sobre la página y nosotros, nos puedes escribir al mail: ponchosverdes@gmail.com