En este último tiempo, se ha evidenciado que la minería aurífera continúa en franco avance, desde la zona tradicional de Guanay y Teoponte, hacia el norte paceño, en el sector protegido del Parque Nacional Madidi, generando daños no solo al medio ambiente, también afectando a las comunidades: Lecos, Tacanas y Chupiamones.
Con la ley 535 de Minería y Metalurgia promulgada en mayo de 2014, el Estado cede soberanía política, económica y territorial a favor de los mineros que aprovechan esta normativa para tramitar permisos de explotación aurífera. Según, Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), la responsabilidad de no ejercer estos controles apunta a la AJAM, el SERNAP y la ABT.
Al margen del costo ambiental, que es irreversible. El extractivismo aurífero genera un daño económico debido a que las cooperativas no pagan en el mismo porcentaje por regalías mineras y lo que es peor detrás de las cooperativas mineras están las grandes transnacionales que amparados en los permisos de explotación utilizan equipo pesado para realizar este trabajo sin estudios de impacto ambiental.
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